SOBRE ACTUAL SITUACIÓN EN LA
ZONA FRONTERIZA COLOMBOVENEZOLANA
“…He visto la aflicción de
mi pueblo, y he oído su clamor” Éxodo 3,7
Alto a los atropellos en
las deportaciones
Los derechos humanos son
los mismos para todos
1.- La Comisión de Justicia y
Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela, atenta a todo lo que tiene que
ver con los derechos humanos, se encuentra profundamente preocupada por
diversas denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos en el marco del
Decreto de suspensión de garantías constitucionales en varios Municipios de la
frontera, pues es una situación que afecta a todos los que vivimos en
Venezuela, dado que es inmensa la presencia de colombianos en nuestra tierra, y
son más los vínculos de fraternidad y cooperación existentes, que nos afecta a
todos. Más allá de diferencias o de situaciones irregulares, priva el respeto a
la vida y a un trato cordial. No se puede estigmatizar a todo un colectivo de
presuntos delitos sin el debido proceso y el derecho a la defensa.
2.-La Comisión ha estado
monitoreando y recabando información sobre los acontecimientos que se han
registrado en la frontera colombo/venezolana en los últimos días, y ante las
graves denuncias sobre masivas deportaciones de ciudadanos de nacionalidad
colombiana sin ningún tipo de procedimiento previo que garantice un debido
proceso establecido en nuestra Constitución y en tratados internacionales de
derechos humanos debidamente suscritos y ratificados por Venezuela.
3.- Hemos tenido conocimiento
que muchas de estas personas han sido obligadas a salir de manera abrupta sin
enseres, muchos de ellos solo con la ropa que llevan puesta, sin alimentos, sus
casas allanadas sin ninguna orden judicial y destruidas; en algunos casos
fueron robadas las pertenencias de aquellos pobres moradores.
4.- A ello se une el drama de
ver familias separadas, especialmente madres y padres que han sido obligadas a
dejar a sus hijos menores en territorio venezolano, y más grave aún resulta de
enorme preocupación la utilización del poder punitivo del Estado para
criminalizar a estos ciudadanos de origen colombianos como miembros de grupos
irregulares.
5.- Condenamos y rechazamos
cualquier actuación de esta naturaleza y hacemos un llamado a las autoridades
venezolanas a APLICAR todas aquellas medidas destinadas a GARANTIZAR el debido
proceso y la integridad física DE LAS PERSONAS, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN el
derecho a la vida Y LO PROPUESTO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN Y LEYES. EN UN ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DERECHO Y DE JUSTICIA, no
es posible aceptar que en aras de la defensa nacional, la seguridad y la
soberanía, se hagan procedimientos militares de alta peligrosidad contra la
población civil, con un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte
de agentes de seguridad del Estado, encargada de realizar dicho operativo.
6.- Asimismo, expresamos
nuestra preocupación porque persisten las denuncias sobre un uso excesivo y
desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado,
especialmente Militar encargada de realizar dicho operativo y que varias
personas habrían resultado maltratadas.
7.- Hacemos un llamado a las
autoridades garantes de los Derechos Humanos de ambos países a que un problema
que nos afecta a todos se le busque rápida solución y que no se convierta en un
problema político o ideológico, ni en una ocasión para promover la xenofobia o
el desprecio de ningún ciudadano por razón de su origen.
8.- Nos solidarizamos con los
millones de colombianos que han hecho vida en nuestro suelo y nos han
enriquecido con sus virtudes y capacidades. No hay familia venezolana que no
tenga vínculos consanguíneos, de afinidad, de trabajo o de cualquier otra
índole que nos ha permitido vivir como hermanos, complementándonos de mil
maneras. A todos los familiares de las víctimas, les expresamos nuestra
solidaridad y oración en estos momentos de tristeza y dolor. Pedimos a todos
orar intensamente y colaborar con nuestros hermanos evitando cualquier
estigmatización.
9.- En estos dolorosos momentos
hacemos un llamado a la sensatez y a la calma. Que la condición de cristianos
de la inmensa mayoría mueva las fibras de la solidaridad, de la misericordia,
del perdón, y desterremos todo lo que nos lleve al desprecio, a la violencia, a
la guerra. Pedimos perdón porque los hechos y dichos sobre nuestros hermanos
colombianos no representan el sentir de nuestro pueblo.
Exigimos
- Que se restituya la
normalidad cuanto antes, pues son más las penurias y zozobras que viven quienes
habitan a ambos lados de la frontera, y no sólo a ellos, sino a toda la
población de los dos países que siguen con estupor el desarrollo de los
acontecimientos, a todas luces, denigrantes de la condición de seres
civilizados y hermanos.
- Devolución de bienes: muchas
de las personas deportadas no han podido llevarse sus pertenencias que han
quedado en el territorio venezolano, es de justicia devolver a quienes
pertenecen los bienes inmuebles y de demás rubros; es urgente que la familia se
reunifique en la totalidad de sus miembros para evitar una crisis humanitaria
por deportaciones masivas, para ello deseamos como venezolanos ver la respuesta
del Poder Moral en pleno, no justificando acciones, sino trabajando para que se
respeten los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, sean Venezolanos o
Colombianos.
EL ESTADO TIENE LA
OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS SUS CIUDADANOS
INCLUYENDO LOS EXTRANJEROS BAJO SU JURISDICCIÓN
En Caracas, a los 28 días del
mes de agosto del 2015
+ Mons. Roberto Luckert León
Presidente
Oficina de Justicia y Paz
+ Mons.Baltazar Porras Cardozo
Presidente
Comisión
de Pastoral Social-Caritas
Dirección:
Av. Teherán, a 200mts de la UCAB, frente al Conjunto Residencial Juan Pablo II.
Telf.: (58212) 443.96.43. e-mail: caritasvenezuela@gmail.com/
comisionjusticiaypazvenezuela@gmail.com
